El Gobierno pide a la Fiscalía la paralización del ‘Toro de la Vega’ de Tordesillas

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El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha registrado esta mañana escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente para solicitar que impida la celebración del controvertido Torneo del Toro de la Vega cuando apenas restan cinco días para que el próximo martes se celebre en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Así lo han explicado a los medios de comunicación la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, tras personarse esta mañana en la sede de la Fiscalía para interponer su petición encaminada a prohibir este evento. Verstrynge ha detallado que demanda medidas cautelares al Ministerio Público para suspender el ‘Toro de la Vega’ por entender que esta práctica incurre en un presunto delito de maltrato animal, alegando además que se está «trampeando» el propio reglamento autonómico.

«Es un festejo que no debería realizarse en pleno siglo XXI, la realidad es que son lanzas de más de tres metros pueden provocar heridas de hasta 12 centímetros, perforar órganos vitales y generar hasta la muerte», ha proclamado la secretaria de Estado.

La polémica siempre ha rodeado el ‘Toro de la Vega’, que lleva sin celebrarse desde 2019 por el Covid. Antes, en 2016 una normativa autonómica refrendada por los tribunales prohibió la muerte del astado en un ‘torneo’ en el que decenas de alanceadores buscaban ser el ‘héroe’ del día acabado con la vida del astado.

Ya antes de la prohibición los incidentes fueron habituales y cada vez más graves entre los ciudadanos que rechazaban esta práctica y los vecinos del pueblo, orgullosos en su gran mayoría de lo que consideran una tradición.

Tras la tempestad, este año el Ayuntamiento modificaba el estatuto del torneo para adaptarlo a la obligación de no matar al animal en público, pero la decisión tomada a finales dle año pasado de permitir colocar divisas al toro mediante una lanza y con un máximo de siete arponcillos no gustó desde el principio a los que siempre han estado en contra de esta ‘fiesta’. No en vano, Pacma ha presentado este martes 74.000 firmas exigiendo la prohibición del torneo.

Es ahora, a escasos días del torneo, cuando el Ministerio se manifiesta al considerar que el ‘Toro de la Vega’ se sustenta en el «sufrimiento de un animal indefenso», al que se pincha repetidamente con una lanza de casi tres metros y que le provoca graves heridas, que incluso pueden acarrear la muerte del animal.

El departamento que lidera la ministra Ione Belarra estima que la legislación vigente ya prohíbe actos como este, por lo que demanda su paralización y considera que el ‘Toro de la Vega’ está «muy alejado de los valores de la mayoría de la sociedad española y del espíritu de unas fiestas populares».

Concretamente alude a que las bases reguladoras del festejo, que lo autoriza sin matar al animal para dar cumplimiento así al decreto por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia de público, contraviene contraviene a su vez el reglamento de espectáculos taurinos populares de Castilla y León.

Específicamente alude al artículo 19 de dicho reglamento relativo a la protección de las reses de lidia, donde se establece que en los espectáculos populares queda «prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses».

A su vez, el Ministerio reporta opiniones de veterinarios para argumentar su petición, que reportan heridas de hasta 12 centímetros de profundidad al animal y que por la ubicación de las lanzadas se corre alto riesgo de que puedan «afectar a la zona torácica del animal, traspasar la pared muscular que cubre su tórax y provocar lo que se conoce como neumotórax». «Este tipo de patología, de reconocida gravedad, se ha descrito por el uso de puyas y de banderillas en los festejos en plaza y se ha identificado en los estudios post mortem de toros y novillos lidiados», alega el escrito.

Además, Derechos Sociales estudia también vías para retirar a la tauromaquia el reconocimiento de patrimonio cultural, aprobado por el PP en el año 2013.

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