Puigdemont apunta a un error de traducción del abogado del TJUE para impedir su entrega a España

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El expresidente catalán Carles Puigdemont ha logrado, a través de su equipo de abogados, introducir una corrección por un error de traducción en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estimó en julio que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el ‘procés’ reclamados por el Supremo.

Las conclusiones del abogado no son vinculantes, pero el TJUE suele seguirlas. En su dictamen, Richard de la Tour consideró que Bélgica no puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir órdenes europeas de entrega, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

El letrado del TJUE analizó en sus conclusiones la decisión marco que fija las reglas de las euroórdenes y sobre cuya interpretación gira la cuestión prejudicial presentada por el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena.

La defensa de Puigdemont observó un error de traducción en una nota a pie de página del escrito de De la Tour, según ha avanzado ‘El Confidencial’ y han confirmado a ABC fuentes jurídicas.

En sus conclusiones, el abogado del TJUE señalaba que nada de lo contenido en esa decisión marco podía ser interpretado «en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea», cuando debería decir que «nada de lo dispuesto podrá interpretarse como una prohibición de rechazar la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea», que es el texto que aparece ahora, una vez hecha la corrección.

Para los representantes de Puigdemont, esta errata podría tener consecuencias en favor de sus intereses en la decisión final que adopte el TJUE, cuyos jueces secundan al Abogado en la gran mayoría de los casos.

Con su dictamen, el abogado general se mostró en sintonía con el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘procés’ y que dirigió una cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluís Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lugar del Tribunal Supremo y que de ser entregado a España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Supremo contra varios políticos encausados por su papel en el ‘procés’, entre ellos el expresidente Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de esas euroórdenes.

Negación de derechos

La defensa del expresidente catalán, que ejerce Gonzalo Boye, reaccionó al dictamen del abogado europeo afirmando que supone una «negación» tanto de «derechos fundamentales como de derechos individuales, asumiendo que solo cuando existe una vulneración generalizada y sistémica es cuando se pueden tener en consideración como causa para denegar una entrega».

Boye explicó que «estas conclusiones no implican una futura entrega de los exiliados», sino que «simplemente» les obligan a un mayor esfuerzo probatorio en su oposición a las euroórdenes.

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